La cosa es sencilla: La gratuidad ha seguido el criterio correcto; empezar por las familias más vulnerables, aquellas que desde luego no están en condiciones de pagar una carrera cuya mensualidad asciende usualmente a más de doscientos mil pesos. Entonces, ¿Por qué tanto reclamo?
Miremos la figura que nos envía el Mineduc para hablarnos de su muy equitativo sistema, en un país donde al menos el 20% de los hogares es monoparental liderado por una mujer. La clásica figura que vemos más de una vez: Madre sola con un hijo a cargo.
En la ilustración del Ministerio aparece un hogar con ingresos de $700.000. El hogar está compuesto por papá, mamá y tres hijos (entendamos que las mujeres con hijos en edad de estudiar, tienen un máximo de dos hijos promedio, de acuerdo al último censo). Supongamos que, viviendo en una ciudad con el repugnante nivel de especulación inmobiliaria que tiene Ovalle, esta familia paga un arriendo de $250.000 (en caso de que no tengan casa propia) y por tanto les queda $450.000 para vivir.
Sigamos suponiendo que en agua y luz gastan $35.000 más y que en supermercado y feria $150.000. Si no tienen sus hijos en colegios de pago, aún quedan $270.000 para vestuario, locomoción y salud digna (sin tener que ir a las 6:30 am a ser parte de la gente de “escasos recursos” tratada como rebaño en los CESFAM porque pedir una hora es una quimera), además de medicamentos básicos y quizás hasta para ir al cine o comer fuera de vez en cuando. Pero sobre todo: Aún apretándose el cinturón al menos uno de esos hijos podría ir a estudiar a la universidad accediendo a Educación superior gratuita, de tal manera que la familia concentrará sus esfuerzos, de manera previsiblemente aceptable, en que ese hijo tenga un lugar donde vivir, se alimente, se vista y adquiera los materiales necesarios para sacar su carrera adelante.
Ahora imaginemos el caso de miles de mujeres en este país: Madre sola que gana $300.000/mes (o menos) y vive en una ciudad como Ovalle, con el mismo nivel de especulación inmobiliaria. Con $300.000/mes y un arriendo de $200.000, el saldo para servicios básicos, supermercado, locomoción, vestuario, salud para dos personas es de $100.000. Si obtiene una pensión de alimentos “generosa” de un promedio de $100.000, con la que pagar un preuniversitario que ayude a su hijo a tener un buen puntaje de PSU, ya está fuera de deciles.
Sin embargo, si no lo estuviera la cosa sería ver, pagando un arriendo de $200.000, cómo hará con los $200.000 restantes y un pago de alojamiento para un estudiante fuera de la ciudad, de mínimo 80 mil; la pregunta sería ¿Cómo se distribuyen los cuantiosos $120.000 que quedan en alimentación para su hijo (nadie se alimenta exclusivamente de beca Junaeb), transporte de ambos, materiales para sus estudios, servicios básicos de la casa materna, alimentación para ella (la mala costumbre que tenemos las roteques de comer todos los días, oiga), algo de ropa para él, medicamentos si alguien enferma?
A casi todas nosotras nos hizo una gran ilusión la gratuidad universitaria. Y a todas nosotras nos gustaría tener un sueldito que nos permitiera garantizar que nuestros hijos tuvieran las condiciones mínimas de tranquilidad en su estancia fuera de su ciudad, pero entonces subiríamos de decil y seríamos “demasiado solventes”. Quiero decir con esto que el espíritu de la gratuidad es perfecto. Que el criterio de partir por los más vulnerables es lo soñado, lo correcto, lo justo; pero el sistema de medición de tal vulnerablidad es perverso y atenta contra la idea de manera dramática. No queda más que confiar que se corrija, aunque el registro Social de Hogares no ayude a ello en nada, pero eso ya es harina de otra opinión.
